El derecho penal no puede cerrar los ojos a ciertos criminales peligrosos y no puede ignorar la luz, con su claroscuro, que ha arrojado la neurociencia en los últimos años. Estos avances no cierran el debate sobre la relación entre culpa y peligro, pero sí lo reconocen, en cierto modo.
La evidencia demostrada por las neurociencias sobre déficits cerebrales concluyentes de ciertos perfiles de peligro, nos permite reflexionar sobre su semiimputabilidad, partiendo de un concepto más permeable de imputabilidad que acoge otras formas de habilidades relacionadas con el plano emoción-impacto.
Este matizado adelgazamiento de la pena debe ser compensado por la aplicación de medidas de seguridad no conservadoras post-manuscrita, basadas en el principio del interés perjudicial en el conflicto, la seguridad de la sociedad y las garantías de la persona peligrosa. La proporcionalidad de estas medidas debe basarse en tres pilares: la gravedad del hecho cometido, los delitos esperados del autor y el grado de peligrosidad que de él se deriva. En consonancia con esta conclusión, se propone un sistema para flexibilizar la duración de las medidas de seguridad posteriores a la prisión.