Con razón se ha señalado que los derechos fundamentales son la piedra angular del derecho público y privado en el marco del Estado constitucional. Sin embargo, debido a la dinámica de las relaciones sociales, estas pueden verse comprometidas por acciones arbitrarias, irrazonables o desproporcionadas de autoridades e individuos. Para abordar esto, la Constitución ha establecido procesos y procedimientos para la protección efectiva de los derechos fundamentales, los cuales deben cumplir con los cánones derivados de los derechos de la justicia: debido proceso y tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 139.3 de la Constitución de 1993 desarrollado en este libro. .