El artículo 31 de la Constitución española de 1978 establece el denominado “impuesto tributario”, que se ampara penalmente por el delito contra la Hacienda Pública, que se rige por el artículo 305 de nuestro Código Penal. El trabajo analiza la regulación, abordándola desde una perspectiva empírica destacada, relacionada con la actividad profesional de sus autores. Se parte del derecho positivo, sin cuestionar el trabajo que la regulación está altamente regulada, y es muy debatida entre nuestras doctrinas, aunque se busca explorar las razones por las que pueden justificar que se regule en nuestro derecho afirmativo.

La monografía busca abordar, desde esta perspectiva, las siguientes cuestiones (i) qué precursores nos dio la normativa vigente (ii) qué requisitos permiten su aplicación (iii) cuáles son los requisitos que justifican posibles razones (iv) de su naturaleza jurídica y, en definitiva, (v) sus efectos sustantivos y procesales. Por lo tanto, se trata de abordar cuidadosamente cómo se puede hacer la regulación para lograr los generosos efectos de “recompensa” que nuestro sistema legal establece para quienes lo hacen.

El trabajo, sin embargo, no se limita al estudio de la regulación, sino que, a partir de ella, analiza la propia regulación sobre delitos contra la Hacienda Pública, para hacer diversas propuestas, desde la perspectiva personal únicamente del autor. para una modificación normativa, que buscaría, con base en la necesaria tipificación del delito contra la Hacienda Pública, tratar de esclarecer las sombras que su regulación arroja en nuestro ordenamiento jurídico, ya que debe funcionar como una verdadera cláusula final resguardando el respeto necesario por el impuesto que impone nuestra Constitución a todos los ciudadanos.