La ley es una de las formas de dirigir la actividad de la Administración, pero no es la única. La política, la ley y los presupuestos fueron formas tradicionales de orientar la legitimidad democrática (y la legitimidad democrática) a) con reconocimiento constitucional: el Gobierno (también políticamente) dirige la Administración (art. 97 CE); La Administración actúa en pleno cumplimiento de la ley y (Ley. 103.1 CE); y lo que gaste la Administración debe ser autorizado por el Parlamento a través de los presupuestos (art. 66.1 CE sobre art. 134.2 CE). Hablar de las fuentes del derecho administrativo es hablar de quién puede elegir y utilizar el derecho como forma de orientar la actividad de la Administración; o, expresado de otra manera, capaz de imponer sus decisiones a la Administración como mandatos legales, que tienen consecuencias específicas.
Este trabajo presenta un sistema de fuentes de derecho administrativo que incluye cuestiones clásicas (como la derogación de normas o leyes específicas y singulares), cuestiones relativamente nuevas (como el soft law, las normas técnicas de origen privado o la evaluación normativa) y cuestiones antiguas que tratan con enfoque moderno (ámbito territorial de la norma jurídico-administrativa y el principio europeo de reconocimiento mutuo o una propuesta para construir sistemáticamente límites constitucionales o prohibiciones relacionadas con la retroactividad de las normas, por ejemplo).