La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se modifica la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pretende adaptar definitivamente la legislación española a los cambios previstos en Europa respecto a las personas con discapacidad desde los años ochenta, algo. lo cual no se logró con los diversos cambios menores realizados en los últimos veinte años. Era necesaria una reforma, de una vez por todas, para implementar la Convención de Nueva York de 2006 en nuestro ordenamiento jurídico, garantizando así el respeto al derecho fundamental a la igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. De hecho, la reforma busca eliminar las restricciones a las facultades procesales de las personas con discapacidad, para que sean meros espectadores y se conviertan en sujetos activos de un proceso que afecta directamente a sus capacidades. El presente trabajo ha tratado de sintetizar el estado final en el que se encuentra la regulación jurídica de las personas con discapacidad, de qué medidas de protección se dispone para ellas, y cómo los jueces han tratado de implementar el nuevo sistema para adaptarse a las muy diferentes circunstancias presentadas. nosotros a diario.